Gestión de Conflictos Sociales por el Agua:
Administrar agua es administrar conflictos. El conflicto se define como “situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles” (Ormachea, 1999). El conflicto es resultado entonces de la interacción entre dos o más personas o grupos sociales, que se encuentran en una situación de intereses que se perciben como opuestos o excluyentes.
Cuando hablamos de conflictos por el agua debemos considerar que estos pueden originarse en temas vinculados a la cantidad, la calidad o la oportunidad del uso del recurso. En el caso del agua el desafío se vuelve mayor cuando una diversidad de usos y usuarios compiten por el mismo recurso.
A continuación, se describen los conflictos más relevantes en la cuenca:
CONFLICTOS EN EL CANAL TAYMI
El canal Taymi pertenece a la cuenca Chancay-Lambayeque, cuya área total es de 5,555.49 km2. Este tiene un recorrido de 48 km, siendo uno de los beneficiarios de la represa de Tinajones. Se terminó de construir en 1986 y desde esa fecha fueron creciendo dos grupos humanos diferenciados, que han entrado en un largo conflicto. Por un lado, usuarios formales, quienes idearon, construyeron y participaron en la gestión del canal y, por otro, usuarios informales quienes hicieron uso del agua del canal sin la autorización de la organización oficial de gestión del agua.
Los usuarios informales son en su mayoría migrantes, provienen de los Andes y se ubican en la parte rural cercana a las ciudades, incorporando valores y costumbres de la cultura criolla y realizando un enorme sacrificio para superarse y progresar. Detentan un gran ingenio para convertir la adversidad en ventaja, incursionando constantemente en nuevas actividades o productos.
Son los típicos portadores de la modernidad andina, tendientes a incorporarse a la legalidad, siempre y cuando no altere su trayectoria hacia el progreso, en este caso son firmes defensores de la ilegalidad, basados en la necesidad que tienen todos los peruanos para ser considerados como parte de una nación con iguales oportunidades.
Por otro lado, están los usuarios formales, localizados en la parte media y baja del canal. Se ubican más cerca a la costa y se dedican fundamentalmente al cultivo de arroz y azúcar, y complementariamente al algodón y otros productos. Este grupo compuesto en su mayoría por ciudadanos de larga data en la localidad, tradicionalmente Lambayecanos y dedicados con mayor concentración a la actividad agropecuaria o al arriendo de parte de sus tierras. Son típicos mestizos, portadores de la modernidad criolla peruana, se consideran los únicos autorizados para regar con las aguas del canal pues participaron en su construcción y, formalmente, desde un inicio, fueron los productores que justificaron la inversión, sobre la base de dos productos con larga tradición en el mercado nacional e internacional.
El conflicto se inicia en 1984, año del inicio de la irrigación, cuando los usuarios informales comienzan a utilizar el agua del canal sin permiso, pues no pertenecen a la organización social oficial del agua ni tienen derechos de agua formales, ante la oposición de quienes son reconocidos como parte del sistema formal de distribución del agua. Así, los formales van a la zona e incautan las bombas usadas para extraer el agua. Como represalia, en 1986 los informales toman el reservorio y son expulsados por la policía, agudizándose el conflicto. A partir de esta coyuntura, llena de tensiones, existe una secuencia de enfrentamientos que se repiten cada cinco años, que es el lapso de los procesos de sequía. No obstante, las variaciones climáticas propician un mayor interés de los productores de abajo por resolver los conflictos con los de arriba, en vista de que ellos controlan el agua y descuidan la infraestructura, generando mayor escasez.
Este conflicto se ha agudizado debido a comportamientos violentos. Hace dos años el tomero o sectorista fue tomado preso por los informales al intentar cortarles el agua. Los informales amarraron al sectorista y abrieron la compuerta. Cuando la policía llegó, ya habían llenado pequeñas represas con pircas, cuyo depósito de agua fue usado posteriormente.
Inmediatamente después, al tomar conciencia de la gravedad del problema, se articuló un grupo de instituciones, que incluye al Proyecto Especial de Tinajones-Olmos, Dirección de agricultura, junta de usuarios, y en ese entonces la ATDR, para buscar una solución pacífica al conflicto. Este problema adquiere una nueva dimensión cuando el conjunto institucional se siente implicado. La ALA, con consentimiento de la Junta de Usuario, ha organizado a los usuarios informales en comités de regantes, siendo esta una medida transitoria, que no implica que estos se hayan incorporado a la organización social oficial del agua, sino que se encaminan hacia ello. Ellos mismos llaman a este paso ordenamiento de riego y no formalización de su condición de regantes del sistema regulado.
El objetivo del conjunto es conseguir de manera pacífica que los informales reduzcan sus tomas de 900 a 10 como máximo, a través de la construcción de canales secundarios y que paguen la tarifa de agua según una papeleta donde figuran las horas de riego. Según la ALA, la tarifa ha subido de 10 % a 25 % para los agricultores que están pagando en estos dos últimos años.
Se ha tratado de convencer a los usuarios informales que no usen el agua durante los dos meses de limpieza anual y establecer un sectorista permanente. Todo se ha encaminado a reducir el número de bombeos, lo cual permitirá que el volumen de agua captado por los usuarios informales se reduzca a favor de los formales. Esta es una de las medidas más inteligentes para tratar los conflictos.
La aceptación de los usuarios informales es parcial y está sujeta a una serie de condiciones, de tal manera que su incorporación no está asegurada. Ellos señalan que su ganancia se da con dos o tres cosechas al año y que sus ingresos son limitados, pues dependen de trabajos eventuales y siempre mantienen reducidos sus costos, por lo que para ellos es un problema pagar la tarifa del agua. Solo si encuentran cultivos más rentables su incorporación sería una posibilidad real. También consideran que este proceso depende también de los cambios que están ocurriendo en el clima y que estos interfieren en la solución del conflicto.
Los usuarios ocupan alrededor de los primeros 30 Km del canal. Se calcula que son aproximadamente 300 grupos y utilizan entre 60 y 70 millones de m3 en años normales y entre 50 y 60 millones durante años secos.
El comportamiento de los informales es de total libertad, usan el agua cuando quieren e incluso realizan hasta tres campañas agrícolas y son renuentes a cédulas de cultivo porque creen que corresponden a los intereses de los de abajo. Se resisten a quienes controlan las comisiones y a la Junta de Usuarios. La Administración Local de Agua señala que consumen hasta 3 m³/s, considerándolo muy alto, sobre todo en la época se sequía y va en perjuicio de los regantes formales.
Para no afectar a los usuarios formales ubicados aguas abajo, la Junta de Usuarios complementa dicha pérdida de agua incrementando en volumen asignado a las organizaciones de usuarios.
CONFLICTO POR CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
En la parte alta de la cuenca Chancay-Lambayeque existe una aproximado de 250 denuncios mineros, el 50% cuenta con las concesiones aprobadas por DL Nº 708, el restante son minas empadronadas y no empadronadas que están en la etapa de exploración. La presencia de la actividad minera es fuente de conflictos con los otros usuarios del agua, especialmente de los usuarios agrícolas. La preocupación de los agricultores surge ante la duda que, la empresa minera pueda lograr evitar la contaminación del medio ambiente y de las fuentes de agua, lo cual tendría efectos negativos directos en la productividad agrícola de los suelos. El temor se justifica por la situación de los pasivos ambientales mineros. Precisamente esta es una de las razones de haberse suspendido la segunda etapa del proyecto Tinajones.
La ANA en cumplimiento al artículo 79º de la Ley de Recursos Hídricos y al artículo 138º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 001-2010-AG, autoriza el vertimiento en régimen continuo de aguas residuales industriales tratadas a las quebradas La Pampa y El Cedro, según Resoluciones Directorales 0089-2012-ANA-DGCRH y 0090-2012-ANA-DGCRH, respectivamente. Corresponden a las unidades “San Pedro Sur y Proyecto Minero La Zanja” y “Tajo y Depósito de Desmonte de la zona Pampa Verde del Proyecto Minero La Zanja.
Contra esta autorización, la población que se considera afectada ha interpuesto recurso impugnativo de apelación, para que se deje sin efecto, procedimiento administrativo en trámite pendiente de resolución por parte de la Autoridad Nacional del Agua.
Cabe mencionar, que el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Lambayeque, en pleno ha dejado manifestado su preocupación sobre el tema.
La Autoridad Nacional del Agua a través de personal profesional de la Coordinación Técnica del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Lambayeque, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla y de la Administración Local de Agua Chancay Lambayeque, han realizado difusión de los resultados de los monitoreos realizados a la calidad del agua superficial en los lugares de Santa Cruz, Pisit, Catilluc, Chugur y Chiclayo.
Fuente: Plan Participativo de Gestion de los Recursos Hidricos de la Cuenca Chancay Lambayeque. Autoridad Nacional del Agua 2012.